El diputado autonómico de EU, Lluis Torró, ha dirigido varias preguntas al conseller de Medio Ambiente para conocer la posición del gobierno valenciano en relación al conflicto desencadenado por un propietario al cerrar con una puerta el acceso a la vía pecuaria Colada de Escalona en San Miguel de Salinas.

Torró recuerda que “el pasado domingo 13 de abril un grupo de manifestantes que pedían mayor protección para la Sierra de Escalona se encontraron con la sorpresa de no poder transitar por la vía pecuaria de la Colada de la Sierra de Escalona. Como se recoge en diversos medios de comunicación, dicha vía se hallaba cerrada por una cancela”. Ante este lamentable hecho, el diputado de EU quiere saber si “es conocedora la Conselleria de dicha circunstancia”, “desde qué fecha” y si “se van a tomar algunas medidas para resolver la cuestión” y , en su caso, “cuáles”.

El gravísimo hecho que ha motivado esta iniciativa de EU contradice lo recogido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias en su artículo 2. Naturaleza jurídica de las vías pecuarias, donde afirma que “las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

A pesar de ser un bien de dominio público, más de 300 personas convocadas por Amigos de Sierra Escalona para reclamarle a las administraciones públicas competentes que protejan más el paraje del Barranco del Lobo y que incluyan en el Parque Natural de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor los terrenos del PAU 21 de Orihuela en el que están destruyendo hectáreas forestales para construir una urbanización de lujo y un campo de golf, se encontraron con que el dueño de los terrenos colindantes había cerrado el acceso desde la carretera CV-941 con una puerta, cadenas y un candado reluciente, apropiándose de un espacio que no es suyo.

Como EU ha constatado que usurpaciones del espacio público delimitado por las vías pecuarias se repiten en otras zonas de la sierra y su entorno, el grupo parlamentario en las Cortes Valencianas prepara otras iniciativas para que el gobierno asuma su responsabilidad y remueva los obstáculos que impiden el libre paso de las personas por un suelo que es de todos.

POR UNA LEY ELECTORAL JUSTA, POR EL EMPLEO DIGNO, POR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, POR LA IGUALDAD

Los años de crecimiento económico que ahora terminan han traído beneficios históricos para las grandes empresas multinacionales del mundo. El modelo económico predominante ha favorecido el incremento de la brecha de desigualdad entre la elite económica y la inmensa mayoría de la población trabajadora. Las desbordadas tasas de beneficios multimillonarios contrastan con los índices crecientes de los niveles de pobreza de parte de la población mundial. Todo ello se ha dado en un mundo controlado por el mercado, incapaz de redistribuir la riqueza generada, que concentra en cada vez menos manos el control energético y financiero.

La situación actual de la Unión Europea ampliada está también marcada por la falta de cohesión social y fiscal, y por una política económica puesta a disposición del mercado frente a la calidad de vida de las personas. La inmigración procedente de países anquilosados en guerras y desolados por la pobreza es utilizada impunemente como mano de obra barata, sin que se reconozca a sus víctimas una mínima igualdad de derechos ciudadanos. Se renuncia sistemáticamente a impulsar políticas reales de cooperación al desarrollo de los países de origen.

El paradigma del patrón económico de la UE lo marca la Directiva del Mercado Interior de Servicios, que con la óptica liberalizadora pretende ahondar en las políticas de privatizaciones y de atomización de un sector que pretende ser dinamizado solamente a través del abaratamiento de costes laborales y la flexibilidad y movilidad de las empresas, despreciando derechos laborales y cualquier política de control de los movimientos meramente especulativos. La transposición legal de esta Directiva en nuestro país ha de realizarse durante la legislatura recién iniciada y, sin duda, marcará un proceso donde una vez más se pretenderá continuar con el recorte de derechos laborales, salariales y de seguridad en el empleo.

El modelo productivo actual de nuestro país, tras casi década y media de elevados niveles de crecimiento económico, se ha mostrado insostenible e incapaz de redistribuir de forma continuad y equilibrada la riqueza generada. Mantiene los niveles europeos más elevados en economía sumergida, en déficit comercial y en incumplimiento de los compromisos medioambientales de Kioto, así como un endeudamiento de las familias que iguala el PIB del país.

Es urgente un cambio estructural de modelo por otro que sea medioambientalmente sostenible y tecnológicamente avanzado, basado en una nueva industria limpia y el avance de la sociedad del conocimiento como eje vertebrador de nuevas políticas económicas con mayor valor añadido. Una economía tan financiarizada no sostiene expectativas de desarrollo social y económico para toda la población.

La política económica de un país democrático, moderno y avanzado sólo puede girar en torno a la prioridad del pleno empleo digno, seguro y de calidad. En nuestro país, la precariedad e incertidumbre laboral pesan sobre más de diez millones de personas. Continuamos liderando las tasas más altas de temporalidad y de siniestralidad en los puestos de trabajo.

La apuesta y coincidencia entre anteriores gobiernos de la derecha del PP y del actual Ejecutivo socialista que ahora inicia la legislatura insiste en la lógica de disminuir la presión fiscal sobre empresas y grandes fortunas, a la vez que abdica de aplicar políticas que actúen a fondo sobre la economía sumergida y el ‘dinero negro’ que circula en cantidades desorbitadas. Casi uno de cada cuatro euros forma parte del círculo del blanqueo de dinero, del fraude, de la corrupción económica y de la delincuencia de ‘cuello blanco’. La única manera de igualar los niveles de gasto social con la UE-15 es garantizar una reducción significativa de nuestra economía sumergida, así como dotarnos de un sistema fiscal justo y realmente progresivo.

Tras meses de negar la evidencia de la crisis económica por motivos electorales, las medidas de impulso a la actividad económica adoptada por el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero son fiscalmente regresivas y socialmente injustas. Pero, sobre todo, ponen de manifiesto que el Ejecutivo socialista abdica de un cambio de modelo productivo por otro más sostenible, más justo y redistributivo, que se oriente a una modernización activa de nuestra herramienta productiva en el marco de una apuesta industrial y tecnológica.

Un gobierno que se diga realmente de izquierdas y progresista tiene la obligación política de favorecer, con medidas legales y presupuestarias, la corrección de las profundas desigualdades que genera este modelo de crecimiento en los sectores sociales más desfavorecidos.

La ausente política industrial, las sucesivas privatizaciones y los insuficientes niveles de gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación perfilan un futuro muy alejado de las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. Lo que sí se favorece así son las políticas de deslocalización empresarial e industrial, con las consecuentes dramáticas e irreparables de la pérdida de empleo, como ya se está padeciendo desde el proceso inicial de la desaceleración económica y la actual crisis.

Ante el deterioro y el ataque que los servicios públicos vienen sufriendo desde distintas administraciones de nuestro país hoy es urgente reivindicar el mantenimiento y reforzamiento de su calidad. Esto debe ser así en la Sanidad, la Educación, la Justicia o la administración de Hacienda, garantizando un servicio suficiente, con recursos profesionales y técnicos que supongan una mejora global que constituya un servicio público avanzado, moderno y eficaz para la ciudadanía.

Izquierda Unida mira al futuro con objetivos de solidaridad, justicia social y laboral e igualdad entre hombres y mujeres. Izquierda Unida reivindica y reconoce el papel central que le corresponde al trabajo en la sociedad y considera que hoy es posible hacer otra política de empleo más digno para todas y todos, especialmente para millones de jóvenes y mujeres que, de no remediarlo desde la izquierda transformadora, van a ser los primeros en pagar las consecuencias de la crisis. Es posible favorecer políticas de igualdad para todos, también para los trabajadores y sus familias que vienen a buscar un empleo y unas condiciones de vida que no tienen en su país.

¡¡ VIVA EL 1º DE MAYO ¡!

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Publicado por D. Pamies en el diario Información. 25.04.08

La Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas ha iniciado, a petición de los vecinos, una campaña de recogida de firmas para solicitar al gobierno municipal un servicio de transporte público al Hospital Comarcal de Torrevieja y una ambulancia municipal.
San Miguel, argumenta el colectivo en una nota de prensa, “a pesar de estar tan cerca, se encuentra muy mal comunicado con el hospital de Torrevieja” por un servicio de transporte público. El servicio de autobuses de línea no cubre las necesidades de transporte al hospital. La mala comunicación con el centro hospitalario, en una carretera de elevado tránsito, “supone una gran barrera, sobre todo, para los mayores y otras personas de movilidad reducida o dependiente”. Para los desplazamientos se depende del coche particular y de la disponibilidad de otros miembros de la familia.
Por otro lado, el municipio requiere de ambulancia municipal para poder atender a los servicios urgentes. Este déficit se agrava en los meses de verano. “La atención médica urgente es crucial” en determinados casos, como los infartos, donde una atención rápida e instantánea condiciona las opciones de vida y las posibilidades de recuperación de los enfermos. “Casos que ilustran esta afirmación los ha habido”, como recuerdan los vecinos.
El servicio de transporte público y de ambulancia está cubierto en todos los municipios del entorno dependientes del hospital de Torrevieja. “Los vecinos no queremos ser ciudadanos de segunda categoría”. Por este motivo, esta Asociación ha iniciado una campaña donde espera contar con el apoyo de los vecinos y del Ayuntamiento que “espera se encuentre a la altura de las circunstancias y remedie esta carencia tan importante para la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

La localidad alicantina de San Isidro se convierte el sábado 26 de abril en sede de este foro para la recuperación de la memoria y la difusión de lo que supuso el Campo de Concentración de Albatera dentro del sistema represor de la dictadura franquista.

Hay que recordar que este Campo de Concentración fue uno de los más duros ya que se abrió nada más terminar la Guerra Civil, en pleno ardor de venganza y represión por parte de los franquistas.

Las Jornadas nacen con la intención de convertirse en un evento anual que sirva de homenaje a todos los que sufrieron y murieron luchando por la libertad y la justicia; y que han servido de ejemplo e inspiración a todas las generaciones posteriores. Permanecerán siempre en el recuerdo.

Organiza: Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica; Plataforma para la Recuperación de la Memoria Histórica de Callosa del Segura; Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica “Miguel Hernández” de Orihuela.

Más información, comunicación:

http://www.campodealbatera.org/jornadas

jornadas@campodealbatera.org

RECHAZA LAS ALEGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ORIHUELA Y SAN MIGUEL

PIDE QUE LA ZEPA SE AMPLÍE CON LA SIERRA DE PUJÁLVAREZ, LOS PAUS 21 Y 5 DE ORIHUELA Y LAS CABECERAS DE LOS BARRANCOS DEL LOBO Y DE LA FAYONA EN SAN MIGUEL

ASE ha presentado alegaciones ante la Consellería de Medio Ambiente al proyecto del Consell para ampliar la red de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana. Por un lado valora positivamente que por fin se haya propuesto por parte de la Generalitat la protección de Escalona como ZEPA, una de las reivindicaciones que mantiene ASE desde hace 7 años junto a su declaración como Parque Natural y que finalmente parece que va a ser una realidad gracias a la sentencia de los tribunales europeos que condenaron a España y a la Generalitat por no declarar suficientes ZEPAs en su territorio, entre ellas Escalona. No obstante, considera que la ZEPA ha de ampliarse con diversos espacios, fundamentalmente localizados en Orihuela y San Miguel de Salinas, que ASE ya propuso en abril de 2007 a la Consellería para su incorporación al futuro Parque Natural de Escalona.

ASE ha propuesto que se incorpore a la ZEPA la Sierra de Pujálvarez y el corredor entre dicha sierra y Escalona, 1.300 hectáreas de suelo no urbanizable del término de Orihuela que acogen, según el estudio encargado en 2003 por la propia Consellería de Medio Ambiente a la Universidad Miguel Hernández, varias parejas reproductoras de rapaces protegidas (búhos real y chico, águila culebrera, ratonero común), a la vez que se trata de un espacio muy utilizado por águilas perdiceras y reales en dispersión. ASE destaca que el búho real, el águila culebrera y las águilas perdiceras y reales forman parte del grupo de especies del Anexo I de la Directiva Europea de Aves cuya presencia en Escalona justifican la ZEPA propuesta.

Por otra parte solicita que se incluyan diversos espacios fuertemente amenazados por la presión urbanística tanto en Orihuela como en San Miguel de Salinas, espacios situados en la zona de Escalona más cercana a la costa y en torno a los barrancos del Lobo y de la Fayona y al río Nacimiento. Así, ha solicitado que todos los terrenos del PAU 21 (350 hectáreas en las que están proyectadas 2.300 viviendas, un hotel de lujo y un enorme campo de golf) formen parte de la ZEPA, frente a la alegación del Ayuntamiento de Orihuela, que es rechazada frontalmente y que pretende que se excluyan de la misma las 200 hectáreas del PAU que la Consellería ha incluido inicialmente. También pide ASE que más de 100 hectáreas del PAU 5, un PAU aún sin aprobar por el Ayuntamiento de Orihuela en el que se pretenden construir 4.000 viviendas, se incluyan dentro de la ZEPA, al igual que diversos espacios ligados al tramo final del río Nacimiento, como el sector La Glea (25 hectáreas en las que quieren construirse 750 viviendas) o la zona de la Dehesa de Campoamor situada entre Orihuela y Pilar junto a la carretera CV-941 que se pretende dejar fuera tanto del futuro Parque como de la ZEPA .

Igualmente ASE ha solicitado, en término de San Miguel de Salinas, la inclusión de las cabeceras de los barrancos del Lobo y de la Fayona, más de 350 hectáreas aún clasificadas como no urbanizables que el PGOU aún sin aprobar definitivamente pretende clasificar en su mayor parte como urbanizables a fin de construir varios miles de viviendas. Se trata de los únicos terrenos que permitirían la conexión ecológica de Escalona con el cercano Parque Natural, LIC y ZEPA de las Lagunas de La Mata y Torrevieja a través de un corredor ecológico estructurado en torno al barranco de la Fayona. ASE ha destacado en sus alegaciones la importancia de esa conexión ecológica para garantizar la cohesión territorial y ecológica de la Red Natura 2000 en la comarca de la Vega Baja. Por último, rechaza la alegación presentada por el Ayuntamiento de San Miguel a la propuesta de ZEPA, al pretender reducirla de forma sustancial.

La Proposición No de Ley presentada por EU demandaba solución efectiva en 2008

El ponente del PP en la Comisión de Infraestructuras, Hernández Mateo, asegura que el problema estará resuelto antes de que acabe el año

La comisión de infraestructuras de las Cortes Valencianas ha debatido la proposición no de ley presentada por el diputado de EU, Lluis Torró, sobre el grave problema de la falta de agua potable en miles de viviendas del término municipal desde hace casi cuatro años. Torró ha demandado que “el gobierno valenciano proyecte y financie las obras necesarias para dotar de agua potable a los miles de vecinos de Blue Lagoon y El Galán que carecen de ella; el suministro debería ser efectivo durante 2008″.

El PP se ha mostrado reticente a dar su apoyo a la Proposición, aunque tras el debate EU ha conseguido arrancar un compromiso por el que “Las Cortes instan al Consell a que continúe las gestiones que está llevando a cabo para establecer un marco de colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, a fin de ayudar al Ayuntamiento a resolver con la mayor rapidez posible los problemas de calidad del agua que afectan a diversas urbanizaciones del municipio”.

Para EU el resultado es descafeinado por cuanto debería haber sido mucho más contundente al tratarse de un asunto que afecta a una necesidad básica de más de 3.000 vecinos. No obstante, supone, al menos, un mandato para que el gobierno valenciano ayude al ayuntamiento a resolver el problema lo más rápidamente posible.

El ponente del PP en la comisión de Infraestructuras, el alcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, ha asegurado que el problema estaría resuelto antes de que acabe 2008 y ha revelado la existencia de un convenio entre el Ayuntamiento y la Entidad Pública de Saneamiento que está a punto de firmarse, aunque no ha dado ningún detalle del contenido del mismo ni de las competencias de la Entidad en este asunto.

La Entidad Pública de Saneamiento es una institución que entre sus funciones tiene la de “gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos”.

EU se mantendrá vigilante para velar porque este compromiso se lleve adelante y se cumpla lo acordado y lo asegurado por el ponente del PP en la Comisión de Infraestructuras a fin de que los vecinos dispongan de agua potable antes de acabar 2008.

Publicado en La Verdad por Joaquín Andreu (14.04.0

La plataforma que exige la ampliación del parque natural denuncia el suceso al Seprona. Doscientos manifestantes se concentran para reclamar más respeto ambiental con el paraje.

Desde ayer los académicos de la lengua tienen una ardua tarea, cambiar el refranero español que ha permanecido inalterable durante siglos. A tenor de lo vivido por doscientos manifestantes en Sierra Escalona el dicho castizo de que no se pueden poner puertas al campo ha quedado completamente obsoleto.

Dos centenares de personas que quisieron protagonizar una marcha reivindicativa por el monte se encontraron con la sorpresa de que la entrada a la vía pecuaria que da acceso a un sendero estaba cortada por una valla metálica por la que siempre han entrado a esta finca para después continuar con la marcha hacia el punto sobre el que pedían en esta ocasión la aplicación de un grado de protección ambiental, la zona del Barranco del Lobo y su entorno, El Espartal, Lo Pastor, y Barranco de Muñino.

Al final se quedaron los senderistas a dos palmos de la valla en espera de que llegasen los efectivos de la Guardia Civil de San Miguel para comunicar los hechos, que acabaron con una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de Sierra Escalona (ASE) contra el propietario de los terrenos por el impedimento del acceso a la via pecuaria, una denuncia efectuada por el presidente de este colectivo, Miguel Ángel Pavón, ante el servicio de protección de la naturaleza de la Benemérita, (Seprona) que tuvo que desplazarse desde Guardamar para tomar acta de la infracción.

Paso vedado

La marcha quería discurrir por la vía pecuaria de la vereda del Camino Real, un sendero que atraviesa la zona en su conjunto, incluyendo el sector PAU 21, hasta cuyos límites querían llegar por el trazado de la vía pecuaria y cuya servidumbre de paso estaba vedada.

Los excursionistas que pretendían pasar una jornada reivindicativa en el campo tras un recorrido de 6 kilómetros tuvieron que improvisar y tomar un refrigerio enfrente de la zona vallada, paradógicamente en suelo de una urbanización de nuevo cuño en San Miguel, hasta que llegó el Seprona, se cursó la denuncia y se planteó realizar una ruta alternativa para acceder al barranco por el lado de Rebate.

Estos espacios son objeto de petición por parte de la entidad convocante, para que se incluyan dentro del parque de Sierra Escalona, y son lindantes con el ámbito del polémico PAU 21 de Orihuela, cuyo plan parcial está recurrido por ASE ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La marcha, a la que acudieron representantes de Izquierda Unida de Orihuela, la asociación vecinal de San Miguel y Los Verdes oriolanos, así como residentes del litoral oriolano y urbanizaciones sanmigueleras, tenía como objetivo denunciar que dichas zonas ocupan 12,5 millones de metros cuadrados (1.250 hectáreas) de los términos de San Miguel y Orihuela que se han excluido del futuro parque por la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo.

ASE propuso en sus alegaciones que todas esas zonas, que albergan espacios forestales y agrícolas de gran valor ecológico, se integraran en el parque. El presidente de ASE recordó que sobre este área «planea la amenaza de diversos planes, como el PAU 21 y el 5 de Orihuela, o el PGOU de San Miguel» y que a juicio de Pavón, podrían incluir «más de 10.000 viviendas nuevas y varios campos de golf».

Además, recuerdan desde la plataforma, la zona se vería afectada por el proyecto de transformar la carretera San Miguel-Mil Palmeras (CV-941) «en un vía de alta capacidad para facilitar el acceso a nuevas urbanizaciones promovidas por los Ayuntamientos de dichas localidades» situación que rechazan por el impacto que ocasionan.

El PP limita la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a los terrenos estrictamente forestales

Según ha podido saber EU, el equipo de gobierno municipal del PP ha alegado contra el proyecto de Acuerdo del Consell de ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana, sometido a exposición pública por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para reducir su extensión en el término municipal de San Miguel, sin someterlo al conocimiento y valoración del Pleno.

Así, el equipo de gobierno pretende que tan sólo sean zona ZEPA los terrenos forestales, que se corresponden con el suelo calificado como no urbanizable de especial protección en el Plan General recientemente aprobado por el ayuntamiento.

De esta manera, la alegación realizada por el PP, y que ha sido hurtada a la deliberación del Pleno, pretende reducir significativamente la propuesta de la propia Consellería que contempla como ZEPA todo el territorio situado al oeste de la CV-95 desde el cruce de Torremendo hasta el casco urbano de San Miguel y desde aquí, también el situado al oeste de la carretera de la Dehesa de Campoamor (CV-941).

EU considera que con esta alegación, hecha a escondidas del pueblo y de los concejales de la oposición, el PP pretende eliminar posibles obstáculos para el desarrollo de sus planes de desarrollo urbanístico insostenible, a pesar de las recientes declaraciones a los medios de comunicación del alcalde vanagloriándose de que el PGOU de San Miguel era muy proteccionista; declaraciones que quedan invalidadas por sus propios hechos.

Para EU resulta esclarecedor que en la alegación realizada por el gobierno municipal del PP no se incluya siquiera el suelo catalogado como no urbanizable de grado 1, que es el suelo dedicado a actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales, y que es, al mismo tiempo, la zona de amortiguación de impactos del futuro Parque Natural de Sierra Escalona. ¿Qué planes tiene en mente el equipo de gobierno del PP y el alcalde para este suelo?

El Conseller se desentiende del problema de seguridad vial en el acceso Este al pueblo y dice que la puesta en servicio de la futura autovía CV-95 lo solucionará.

El conseller de infraestructuras y transporte, Mario Flores, se ha remitido a la construcción de la nueva autovía CV-95 para dar solución al grave problema de seguridad vial de los accesos a San Miguel por el puente de Los Canos y al Balcón de la Costa, afirmando que la actual carretera se convertirá en un vial urbano con menos tráfico y más lento.

Ésta es la respuesta dada por el conseller a las preguntas formuladas por el diputado autonómico de EU, Lluís Torró, en febrero de este año, a petición de EU de San Miguel, para conocer las previsiones de ejecución de una obra de mejora de la seguridad vial en la CV-95, en el acceso Este a la población de San Miguel de Salinas. En dicho acceso se han producido accidentes graves e incluso mortales (2 en la segunda mitad de 2007) que han provocado la protesta de diversos colectivos vecinales afectados directamente.

Torró se interesaba por saber “en qué estado se encuentra esta intervención” y, sobretodo, “qué previsión de fechas tiene la Consellería para la culminación de esta obra” programada en el II Plan de Carreteras.

Literalmente, dice el conseller Flores que “el pasado mes de octubre se adjudicó la concesión para la construcción, conservación y explotación de la nueva CV-95, tramo Orihuela-Costa. La nueva autovía a su paso por San Miguel de Salinas discurrirá en variante, alejada al norte respecto de la actual carretera. Por tanto, en breve, el tramo de carretera por el que se interesa su señoría experimentará una importante reducción del tráfico y se convertirá en un vial urbano, con menor intensidad de circulación y menores velocidades y en consecuencia con menor peligrosidad”.

EU considera que el conseller se desentiende del problema de seguridad sin tener en cuenta que la construcción de la rotonda ya está prevista desde 2004 en el II Plan de Carreteras (2004-2010), figurando en la documentación de la propia Consellería como pendiente de redacción, con la asignación del número 21 y número de expediente 1875. Es lamentable que, a pesar de estar planificada su ejecución, en cuatro años el PP, ni desde la Consellería ni desde el gobierno municipal, haya mostrado el más mínimo interés por darle solución al problema.

PP y PSOE apuestan por urbanizaciones de baja densidad y ponen “especial énfasis en los campos de golf”.

EU vota en contra del Plan porque define un modelo social, económico y ecológico insostenible, hecho a espaldas de los ciudadanos.

El Pleno fue convocado a las 11 de la mañana para evitar la presencia de público.

En la sesión plenaria celebrada por la corporación municipal este pasado viernes fue aprobado, con los votos favorables de PP y PSOE, el Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Salinas, tras 16 años de tramitación. El Pleno, convocado a las 11 de la mañana para evitar la asistencia numerosa de público, contó con la única oposición de los concejales de EU que denunciaron la falta de tiempo para revisar los 500 folios de texto y 80 planos que lo componen, al haber permitido el PP que se consultaran exclusivamente en las dos mañanas previas a la sesión.

La portavoz de EU, Bienvenida Campillo, solicitó que quedara el Plan sobre la mesa para poder estudiarlo con detenimiento y comprobar si habían sido subsanadas todas las deficiencias detectadas por Consellería y si estaban incorporadas todas las alegaciones aprobadas, así cómo para poder conocer los cambios que han obligado a realizar un texto refundido, y conformar así el sentido del voto con pleno conocimiento. Campillo lamentó que el alcalde presumiera de no habérselo leído y reafirmó que a EU sí le importa lo que se vota.

Campillo también denunció la falta documentación en el expediente, al no encontrarse los muchos informes de Conselleria solicitando la subsanación de deficiencias, lo que impide conocer si han sido o no incorporadas las soluciones al Plan.

La edil de EU dijo que ésta era la segunda vez que se llevaba el plan general para su aprobación -la anterior fue en abril de 2003-, y en las dos ocasiones ha sido con prisas, de hoy para mañana. Recordó que hace cinco años EU advirtió que si no se subsanaban las muchas deficiencias que presentaba, Conselleria no le daría luz verde. Campillo dijo que cinco años después vuelve de nuevo al pleno con modificaciones tan sustanciales que ha sido necesario un texto refundido porque las deficiencias afectan a todo el documento. Y eso debería significar una segunda exposición pública.

EU también argumentó su voto en contra en la trampa que encierra El Plan al realizar una clasificación de suelo que no se corresponde con lo que determina la Ley del Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana puesto que según esta ley el SNU puede ser protegido o común, y el Plan establece al menos cinco categorías de SNU: protegido, común, SNU.1, SNU.2 y SNU.3. Y es amparándose en esa clasificación del SNU, como este Plan General se convierte en un Plan Trampa. Campillo denunció que aunque aparentemente pudiera parecer que se clasifica poco suelo como urbanizable, en realidad son muchos millones de metros los que se clasifican bajo la engañosa denominación de SNU-3. Un suelo, éste, que se pretende incorporar inmediatamente al proceso urbanizador al haber querido PP y PSOE que pase a ser urbanizable cuando esté programado el 70% del Suelo Urbanizable que el Plan dispone y se haya reparcelado el 60% del mismo. Es decir, que es posible incorporar el SNU-3 al proceso urbanizador, cumpliendo las dos condiciones anteriores, simplemente con haber aprobado la correspondiente documentación pero sin que se haya movido ni un solo gramo de tierra, sin que se haya abierto ni una sola calle ni se haya construido una sola casa. La edil de EU preguntó, sin obtener respuesta, que por qué no se exigía como condición para que haya nuevo suelo urbanizable que esté construido el 85% o el 90% del suelo urbanizable disponible.

Ante los argumentos de EU, el alcalde, Ángel Sáez, acusó a esta formación de querer que vivamos como en África con burro y turbante. Bienvenida Campillo le exigió que no ofendiera a los africanos que nada tenían que ver en este asunto.

El alcalde también acusó a EU de querer retrasar el Plan, a lo que Campillo le respondió recordándole que tanto en esta legislatura como en la anterior cuenta con mayoría absoluta para hacer lo que le dé la gana, y que dos concejales solos poco pueden hacer por retrasarlo. Al mismo tiempo le recordó que la autovía CV-95 está recogida en el Plan y le exigió que deje de mentirle a la gente porque todavía iba diciendo por los bares que no se haría.

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