Tomás Vte. Martínez Campillo. Coordinador local de Esquerra Unida de San Miguel de Salinas.
Permítanme los doctos legisladores, abogados y juristas que opine, más desde el corazón que desde la razón, ante los desmanes de aquellos cuya única razón es el bolsillo repleto en el que pretenden introducir, aunque sea recalcados, más y más beneficios contantes y sonantes a costa de lo que sea.
Cuenta Alberto Vázquez Figueroa en su novela El Inca, cómo este pueblo precolombino necesitaba mantener en perfecto uso los más de 40.000 km de carreteras que comunicaban su vasto imperio de norte a sur y de este a oeste, para que los chasquis –corredores que llevaban mensajes– no encontrasen impedimento alguno en el cumplimiento de su vital tarea. Los quebrados terrenos montañosos no eran un obstáculo puesto que las profundas gargantas encajonadas se salvaban con ingeniosos puentes colgantes. Al cuidado de cada puente había una persona, con el único cometido de velar por su perfecta conservación. Era el garante de que chasquis o comitivas varias pudieran realizar su trabajo en beneficio de la comunidad, o del imperio. Si había algún problema con el puente, el encargado pagaba su descuido con su vida y la de su familia. Es obvio suponer que los puentes estarían siempre en perfecto estado. La ley se cumplía y se hacía cumplir.
Salvando las distancias y los tiempos, sin llegar a medidas tan extremas, tal vez no estaríamos asistiendo al bochornosos espectáculo que nos brinda el estado de derecho de corrupción urbanística y depredación del territorio, si la responsabilidad, a cada individuo, fuese exigible y exigida de forma más contundente. Me explicaré. La ciudadanía ha ido acumulando durante años la sensación de que aquellos que tienen dinero, poder –o ambas cosas–, o amigos que las posean se permiten actuar con total impunidad, pasándose las leyes por el forro, o buscando vericuetos para transgredirla y quedar como señores; eso sí, amparándose en la lentitud de la justicia, lentitud que se retroalimenta por la falta de medios; unos medios que los gobiernos se encargan de no poner en su debida medida en manos de la justicia para que ésta sea lenta y a los malhechores de cuello blanco y maletín repleto no les llegue su San Martín, y si les llega que sea cuando ya tengan la garba de billetes a buen recaudo. Todo perfectamente estudiado.
Ahora, yo propongo –se echarán los juristas las manos a la cabeza–:
Hay personas físicas (de carne y hueso) detrás de las roturaciones en el Parque Natural de Sierra Escalona, que presuntamente están cometiendo un delito. La policía o la Guardia Civil va y los detiene, empezando por el conductor de la máquina, siguiendo por su jefe, el encargado de la finca y el dueño. Los pone a disposición judicial y el juez manda a la cárcel sin fianza al responsable de todo –por lo de la alarma social, el peligro de fuga, esas cosas…–. Más o menos como se hace con los que, presuntamente, cometen otros delitos o con los presuntos terroristas que atentan contra los bienes de la comunidad social. Y los juicios… rapiditos, que en la mayoría de los casos los hechos están muy claros. Tanto, que sonroja y avergüenza la lentitud calculada.
Algunos se lo pensarían más de dos veces antes de tomar decisiones como las de construir viviendas ilegales, campos de golf sin licencia o de roturar monte protegido; los conductores de máquinas destrozabosques exigirían ver la licencia antes de arrancar el motor, y jefes y encargados no darían un paso sin asegurarse de que sus huesos no acaban entre rejas. Los grandes… con pies de plomo.
Y otra propuesta –se echarán las manos a la cabeza los constitucionalistas–:
Tramítese una ley por vía de urgencia, con pocos artículos y menos rollo, mediante la cual aquella persona (física o jurídica) que cometa una ilegalidad urbanística o medioambiental, verá inmediatamente confiscada la totalidad de la propiedad afectada, pasando ésta a ser de custodia o titularidad pública, según el caso. ¿O cuando se detiene a un presunto atracador se le deja la pistola porque es suya?
Tengo por seguro que si algún profesional de la ley me responde lo hará hilvanando magistralmente preceptos legales a mansalva que concluirán en la imposibilidad de aplicar mis propuestas, por supuesto en nombre del estado de derecho. Y seguramente, hasta tendrán razón. Pero yo les invito a que utilicen el texto de respuesta para explicarnos a los de abajo cómo cortar de raíz con los desmanes de los de arriba –los poderosos del ladrillo y la excavadora, y sus compadres–, y no con palabras sino con hechos.
Aunque mucho me temo que hay demasiadas connivencias y complicidades entre los guardianes de puentes y quienes los tienen que empujar hacia el precipicio.
