EU ACUSA AL ALCALDE DE ESCUDARSE TRAS LOS VECINOS PARA TAPAR SUS CHANCHULLOS

EU considera que las últimas declaraciones del alcalde de San Miguel, Ángel Sáez, en relación con el proceso judicial abierto en su contra y la de varios ediles por el acuerdo plenario de 26 de abril de 2007 en el que se aprobó, al margen de la legalidad, un convenio urbanístico con la mercantil Urbanizadora Villamartín, son un intento de desviar la atención de su responsabilidad, además de no responder a la verdad. Porque se escuda en el grave problema que siguen padeciendo los vecinos de varias urbanizaciones, que no cuentan con agua potable desde hace varios años, para ocultar las verdaderas razones que le llevaron a tomar la decisión que ahora la justicia tiene en el punto de mira.

La portavoz de EU, Bienvenida Campillo, recuerda que durante aquel pleno municipal, además de los informes técnico y jurídico que advertían de la ilegalidad del acuerdo, ella misma le hizo saber que no estando aprobado el PGOU no se podían adquirir compromisos en su nombre y menos favorecer a un promotor al venderle el 10% del futuro aprovechamiento medio municipal sin pasar por los trámites legales y por debajo de su valor. Un promotor que, para mayor escarnio, ya le debía al ayuntamiento en aquel momento más de 40.000 euros de consumo de agua potable.

Campillo asegura que el alcalde nunca ha tenido entre sus prioridades el problema de la falta de agua en las urbanizaciones. Que durante dos años vino quitándole importancia y arremetiendo contra quienes denunciaban tan lamentable situación. Para la edil de EU el problema del agua potable podría haberse solucionado mediante el convenio urbanístico con la promotora del SUS-A, “pero el alcalde prefirió gastar el dinero en un nuevo ayuntamiento cuando el problema de los vecinos de Blue Lagoon y El Galán era mucho más urgente. Y tampoco ha presionado lo suficiente al Gobierno valenciano para obtener la necesaria financiación con que resolver el problema de una vez por todas”.

Campillo, tal y como le dijo al alcalde en el pleno de abril de 2007, sigue considerando “lamentable que se tenga que recurrir a estos extremos de ilegalidad con el fin de favorecer a un promotor, aprovechándose del problema de unos vecinos, cuando ese problema ya se podía haber resuelto”. Y en todo caso, añade, “el fin no justifica los medios, y más cuando se sitúan al margen de la ley, que un servidor público está obligado a cumplir”.