Los juzgados investigan el acuerdo entre un promotor y el Ayuntamiento que forzaba la reclasificación de unos terrenos en el futuro Plan General

Información, 4 de octubre de 2008

D. P./ REDACCIÓN La Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto que archivaba el procedimiento de diligencias previas por un presunto delito de prevaricación cometido por el gobierno municipal de San Miguel de Salinas, por aprobar la firma de un convenio urbanístico, presuntamente irregular, entre una empresa urbanizadora y la administración local. El asunto lo archivó el 10 de diciembre de 2007 del Juzgado de Instrucción de Torrevieja nº 3.

Los hechos datan de la sesión plenaria municipal de abril de 2007. El gobierno municipal, formado, en aquel entonces, por el Partido Popular y dos partidos independientes (PSM y SMI) aprobó la firma de un convenio urbanístico con la urbanizadora VillaMartín, con el presunto fin de financiar las obras para llevar agua potable a las urbanizaciones de Blue Lagoon.

A cambio el urbanizador reclasificaba terrenos no urbanizables y el Ayuntamiento financiaba esas obras a cuenta de “vender” a la propia promotora los terrenos de aprovechamiento que le correspondían. Es más el nombre de la empresa urbanizadora se cambió por Profotur, por la deuda de más de 46.000 euros que urbanizadora VillaMartín debía al Ayuntamiento en concepto de recibos de agua.

La firma contaba con los informes contrarios de los técnicos. Sin El Consell no aprobó el Plan General en el que supuestamente se iba a plasmar esta reclasificación. Iniciado el procedimiento de diligencias previas, tras las declaraciones del alcalde, Ángel Sáez y de la secretaria municipal, el juez decretó el archivo del caso al estimar, que no había delito por no haberse procedido a la firma material del convenio. La Fiscalía recuerda sin embargo en su recurso que el delito de prevaricación que “la consumación delictiva se produce, en consecuencia, en el momento de informar, resolver o firmar el proyecto de edificación o la concesión de una licencia”. “En el caso los concejales que resolvieron a favor del convenio urbanístico conocían la tacha de ilegalidad que la secretaria del Ayuntamiento había formulado”.