Llamazares presenta en el Congreso una iniciativa de IU para erradicar la corrupción urbanística y “para que las instituciones y PSOE y PP no lleguen siempre tarde a esta lucha”

El diputado de IU exige la comparecencia de la ministra de Administraciones públicas para que explique el incumplimiento de la única resolución aprobada en el Congreso contra la corrupción a propuesta de IU la pasada legislatura.

El coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha presentado este miércoles en rueda de prensa en el Congreso una iniciativa parlamentaria de esta formación sobre Medidas contra la Corrupción Urbanística para que los grupos parlamentarios puedan demostrar en el Congreso su verdadera voluntad de luchar contra este grave problema.

Llamazares explica esta propuesta por la necesidad de erradicar que “las instituciones siempre llegan tarde para atajar a los casos de corrupción urbanística, como el más reciente de Estepona, y que al PSOE y al PP les pase lo mismo y siempre parezcan sorprendidos por ello, cuando no han hecho nada previamente para evitarlo”.

La proposición no de ley de IU recoge y amplia cada uno de los puntos de la resolución aprobada por unanimidad por la Cámara en 2007, durante el último Debate sobre el estado de la Nación de la legislatura, con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, y que se no se ha puesto en práctica.

Por este motivo, además, y coincidiendo con las últimas novedades del ‘caso Estepona’, Llamazares ha registrado la solicitud de comparencia en el Congreso de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para que explique “las medidas políticas, económicas, administrativas y penales para prevenir la especulación y corrupción urbanística y el nivel de cumplimiento de la Resolución aprobada sobre este problema por el Congreso de los Diputados en conclusión del Debate sobre el estado de la Nación de 2007″.

Izquierda Unida plantea en su proposición hasta 7 medidas muy concretas para atajar de raíz la corrupción. Éstas pasan desde la reforma del Código Penal para endurecer las condenas por delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, malversación o cohecho, a la elaboración de un proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos, pasando por la aceleración de las medidas preventivas contenidas en la nueva Ley del Suelo.

IU propone impulsar un “Código Ético” que suscriban todos los partidos para permitirles adelantarse a los casos de corrupción y recoger el compromiso de separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción. También se plantea aumentar los medios para mejorar la lucha preventiva del Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria y las fiscalías.

Entre las novedades está crear dos nuevos registros públicos: el de recalificaciones de suelo y el de tenedores de billetes de 500 euros.

Llamazares valoró en referencia al caso de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), que “no cabe duda de que algo falla” en las competencias de la Junta de Andalucía y en el “ejercicio” de esas competencias por parte del Gobierno autónomo “para que no haya sabido prevenir la especulación y la corrupción” y se repita presuntamente lo sucedido en Marbella.

Planteó que es “importante que se investigue este caso, lo mismo que otros tantos”, pero puntualizó que también lo es que haya una “explicación política y medidas políticas por parte de la Comunidad Autónoma andaluza, así como por parte del Gobierno español”.

Tachó de “insuficiente que ante esto sólo salgan los partidos a suspender a sus militantes, como si fueran fuerzas políticas que sólo tienen que actuar a posteriori de la judicatura, cuando los partidos tienen también que acordar un código ético que permita saber que eso se está produciendo e intervenir antes”.

Según explicó, la conclusión del precedente de Marbella fue “acotar ese caso, suspender el ayuntamiento, investigar y castigar a los culpables pero eso no es suficiente y, además de acotar el problema, hay que tomar medidas preventivas y que agilicen la presencia de las instituciones frente a la corrupción”.

Gaspar Llamazares recalcó que “eso no se ha hecho ni por parte del Gobierno andaluz ni del español. Tanto en Marbella como en Estepona las instituciones llegan tarde, cuando ya se ha producido la corrupción y el escándalo público”.